La próxima remoción del Consejo General del IFE tiene marcados tintes políticos que han puesto nuevamente en entredicho el respeto por la institucionalidad en el país. No obstante, la iniciativa también encuentra sustento en el pobrísimo desempeño de un Consejo que minó la reputación del Organismo, y que secundó en buena medida el cataclismo de las elecciones presidenciales de 2006.
Aquí ocho argumentos que promueven la destitución:
1. Para la integración del Consejo General en 2003, se desecharon en su totalidad a los candidatos propuestos por el Partido de la Revolución Democrática. El Consejo fue finalmente conformado por 4 candidatos propuestos por el PRI (Ugalde uno de ellos); 4 del PAN, y hasta 1 del PVEM. Por lo tanto, la iniciativa de la izquierda de destituir al Consejo General es sólo una consecuencia -y no una venganza- de la exclusión que permeó en la designación del mismo, y explica en buena medida la afectación de los intereses del PRD.
2. Resulta insostenible que para los nuevos tiempos democráticos, un actor como el Consejero Presidente responda a las órdenes e intereses de una persona o grupo político específico. No es ningún secreto que Luis Carlos Ugalde fue designado por la negociación de Elba Esther Gordillo (entonces militante del PRI), ni que el argumento actual de “si me voy se justifica el fraude electoral de 2006” también sea de la autoría de la maestra. Entonces, resulta al menos dudosa la imparcialidad del Consejero Presidente, lo que redunda en el riesgo también del principio de autonomía del organismo que dirige.
3. En tiempos electorales, el IFE fue incapaz de acallar los intereses de terceros, principalmente del Consejo Coordinador Empresarial, que actuaron en forma dolosa en contra de un candidato presidencial. Esta actitud permisiva secundó el detrimento de la oferta política, abrió las puertas a la ruptura y fomentó la guerra sucia.
4. No se percibió un pronunciamiento enérgico en torno a la intromisión del Poder Ejecutivo en la campaña presidencial, que en los últimos meses destinó la escandalosa cantidad de 3 mil millones de pesos únicamente para promoción y propaganda. Lo anterior expone una deficiente observancia del momento político y pone en tela de juicio si la inactividad del Consejo se debió a incompetencia, o más bien por sumisión con actores políticos -y sus aliados- a los que el Consejero Presidente obedece.
5. El Consejero Presidente nunca ofreció una explicación profunda a los mexicanos sobre cuál fue el método utilizado por el PREP ni por el conteo de actas final para dilucidar el resultado de la elección presidencial, lo que despejó el camino al encontronazo de discursos políticos en torno a la legalidad o ilegalidad de la elección y sentó el precedente de que sea el momentum político quien guíe y administre las tensiones que, se supone, son facultad exclusiva del IFE. Muestra de ello es la elección para gobernador en Baja California, cuyos resultados tampoco fueron dados a conocer en el día de la elección “por lo cerrado del resultado”, a pesar de que Osuna Millán resultó con una clara ventaja de más del 5% respecto de Hank Rhon en el conteo final. Ello supone un decremento en la eficacia del Instituto.
6. A pesar de aceptar que la elección era sumamente cerrada, el Consejo General tampoco se pronunció por un recuento total de los votos posterior; más aún, su Consejero Presidente manifestó abiertamente su inclinación por destruir las boletas de lo que fue la elección más competida en la historia del país, cuyo margen entre primero y segundo lugar fue inferior a la población de la tercera delegación política menos habitada del D.F. Un recuento era una cuestión de simple sentido común que, además, hubiera disipado toda duda del resultado -dotando de legitimidad al Ejecutivo actual- y habría extinguido la consigna de fraude que la izquierda ostenta hasta hoy.
7. No existen explicaciones claras en torno a qué partidos pertenecen los más de 280 mil spots que aparecieron sin reportar durante los meses posteriores a la elección de julio. Lo anterior supone terribles deficiencias en la fiscalización y en el monitoreo que acentúan la desconfianza en la procedencia del dinero. Además, hasta el día de hoy, aún no existe declaratoria alguna sobre si los topes de campaña fueron rebasados, ni mucho menos de multas que corresponderían a tal caso.
8. La percepción ciudadana -motor del accionar y sustento legitimante del IFE- ha cambiado radicalmente en torno a la confianza depositada en el organismo. Durante el conflicto poselectoral, 46% de la ciudadanía -según encuestas de Ulises Beltrán- manifestó “mucha” confianza en el organismo. Sin embargo, para enero de 2007 la tendencia había cambiado radicalmente: sólo 28% de los encuestados manifestó “mucha” confianza, una pérdida de 18 puntos porcentuales. Más aún, el 51% de los encuestados apoyó la propuesta de remover al Consejo General antes de que los políticos trajeran el asunto a la mesa. Lo anterior extingue los argumentos de venganza -dado que no sólo perredistas piden la cabeza de los consejeros-, apoya la negociación política en torno a la destitución, y prescribe cualquier argumento de alguna supuesta validación del fraude con la salida del Consejo, ya que la desaprobación del desempeño del Instituto comenzó en los ciudadanos, y no en los políticos.
Aunque aún queda por resolver el tema de cómo saldrían los Consejeros, también queda por resolver la forma jurídica de su salida, ya que la Constitución en sus artículos 14, 41, 108 y 110 protege el principio de inamovilidad, y sólo vislumbra una destitución mediante juicio político.
Pero que quede claro: el IFE no es de Ugalde ni de los políticos, sino de los ciudadanos, porque nosotros luchamos por tener un organismo como éste durante décadas; porque costó vidas tenerlo; porque nosotros sí contamos voto por voto, elección tras elección; y porque pagamos con nuestro dinero el altísimo costo de nuestra democracia.
Aquí ocho argumentos que promueven la destitución:
1. Para la integración del Consejo General en 2003, se desecharon en su totalidad a los candidatos propuestos por el Partido de la Revolución Democrática. El Consejo fue finalmente conformado por 4 candidatos propuestos por el PRI (Ugalde uno de ellos); 4 del PAN, y hasta 1 del PVEM. Por lo tanto, la iniciativa de la izquierda de destituir al Consejo General es sólo una consecuencia -y no una venganza- de la exclusión que permeó en la designación del mismo, y explica en buena medida la afectación de los intereses del PRD.
2. Resulta insostenible que para los nuevos tiempos democráticos, un actor como el Consejero Presidente responda a las órdenes e intereses de una persona o grupo político específico. No es ningún secreto que Luis Carlos Ugalde fue designado por la negociación de Elba Esther Gordillo (entonces militante del PRI), ni que el argumento actual de “si me voy se justifica el fraude electoral de 2006” también sea de la autoría de la maestra. Entonces, resulta al menos dudosa la imparcialidad del Consejero Presidente, lo que redunda en el riesgo también del principio de autonomía del organismo que dirige.
3. En tiempos electorales, el IFE fue incapaz de acallar los intereses de terceros, principalmente del Consejo Coordinador Empresarial, que actuaron en forma dolosa en contra de un candidato presidencial. Esta actitud permisiva secundó el detrimento de la oferta política, abrió las puertas a la ruptura y fomentó la guerra sucia.
4. No se percibió un pronunciamiento enérgico en torno a la intromisión del Poder Ejecutivo en la campaña presidencial, que en los últimos meses destinó la escandalosa cantidad de 3 mil millones de pesos únicamente para promoción y propaganda. Lo anterior expone una deficiente observancia del momento político y pone en tela de juicio si la inactividad del Consejo se debió a incompetencia, o más bien por sumisión con actores políticos -y sus aliados- a los que el Consejero Presidente obedece.
5. El Consejero Presidente nunca ofreció una explicación profunda a los mexicanos sobre cuál fue el método utilizado por el PREP ni por el conteo de actas final para dilucidar el resultado de la elección presidencial, lo que despejó el camino al encontronazo de discursos políticos en torno a la legalidad o ilegalidad de la elección y sentó el precedente de que sea el momentum político quien guíe y administre las tensiones que, se supone, son facultad exclusiva del IFE. Muestra de ello es la elección para gobernador en Baja California, cuyos resultados tampoco fueron dados a conocer en el día de la elección “por lo cerrado del resultado”, a pesar de que Osuna Millán resultó con una clara ventaja de más del 5% respecto de Hank Rhon en el conteo final. Ello supone un decremento en la eficacia del Instituto.
6. A pesar de aceptar que la elección era sumamente cerrada, el Consejo General tampoco se pronunció por un recuento total de los votos posterior; más aún, su Consejero Presidente manifestó abiertamente su inclinación por destruir las boletas de lo que fue la elección más competida en la historia del país, cuyo margen entre primero y segundo lugar fue inferior a la población de la tercera delegación política menos habitada del D.F. Un recuento era una cuestión de simple sentido común que, además, hubiera disipado toda duda del resultado -dotando de legitimidad al Ejecutivo actual- y habría extinguido la consigna de fraude que la izquierda ostenta hasta hoy.
7. No existen explicaciones claras en torno a qué partidos pertenecen los más de 280 mil spots que aparecieron sin reportar durante los meses posteriores a la elección de julio. Lo anterior supone terribles deficiencias en la fiscalización y en el monitoreo que acentúan la desconfianza en la procedencia del dinero. Además, hasta el día de hoy, aún no existe declaratoria alguna sobre si los topes de campaña fueron rebasados, ni mucho menos de multas que corresponderían a tal caso.
8. La percepción ciudadana -motor del accionar y sustento legitimante del IFE- ha cambiado radicalmente en torno a la confianza depositada en el organismo. Durante el conflicto poselectoral, 46% de la ciudadanía -según encuestas de Ulises Beltrán- manifestó “mucha” confianza en el organismo. Sin embargo, para enero de 2007 la tendencia había cambiado radicalmente: sólo 28% de los encuestados manifestó “mucha” confianza, una pérdida de 18 puntos porcentuales. Más aún, el 51% de los encuestados apoyó la propuesta de remover al Consejo General antes de que los políticos trajeran el asunto a la mesa. Lo anterior extingue los argumentos de venganza -dado que no sólo perredistas piden la cabeza de los consejeros-, apoya la negociación política en torno a la destitución, y prescribe cualquier argumento de alguna supuesta validación del fraude con la salida del Consejo, ya que la desaprobación del desempeño del Instituto comenzó en los ciudadanos, y no en los políticos.
Aunque aún queda por resolver el tema de cómo saldrían los Consejeros, también queda por resolver la forma jurídica de su salida, ya que la Constitución en sus artículos 14, 41, 108 y 110 protege el principio de inamovilidad, y sólo vislumbra una destitución mediante juicio político.
Pero que quede claro: el IFE no es de Ugalde ni de los políticos, sino de los ciudadanos, porque nosotros luchamos por tener un organismo como éste durante décadas; porque costó vidas tenerlo; porque nosotros sí contamos voto por voto, elección tras elección; y porque pagamos con nuestro dinero el altísimo costo de nuestra democracia.
(publicado en el Agora de Tona el día 10 de Septiembre)
