Pobre, pobrísimo el nivel del debate que se suscita entre las autoridades mexicanas al discutir asuntos sobre derechos humanos y preservación de la Seguridad Social.
Los últimos temas que se han presentado, concernientes a la discriminación de militares infectados con VIH, a la eutanasia o el aborto, así lo demuestran.
El artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), en sus incisos 82 y 83, autoriza al Ejército a dar automáticamente de baja a los elementos infectados con VIH, por considerar que son “inútiles” para el servicio militar, privando además de atención médica, medicinas y pensión a quienes no cuenten con 20 años de antigüedad. Aún con la notoria violación a los derechos humanos que la citada ley refiere, mantuvo prácticamente en empate técnico el fallo final de la Suprema Corte por semanas, hasta que la presión de diversos sectores (internacionales y nacionales gubernamentales) obligó a declararla como inconstitucional. No obstante, la ignorancia y hasta la superstición privó en cada uno de los argumentos presentados por algunos ministros; argumentos que en el mundo se han superado hace mucho tiempo.
Para muestra, la declaración del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien señaló si podía "asegurarse que el militar infectado del VIH no tendrá nunca, nunca, una herida sangrante que pueda entrar en contacto con otra de otro individuo". Y añadió: "No, no existe esa garantía; por tanto, no se trata de que el militar se encuentre o no inutilizado, sino que debe protegerse en aras del interés público”. El ministro Sergio Aguirre, en concordancia con lo señalado por Góngora, añadió que, en el infectado, "sí hay una incapacidad castrense" y no se viola, por ende, la Constitución. Por último, el ministro Mariano Azuela mencionó que a los contagiados "hay que regresarlos a sus casas, como se hace con los niños que llegan enfermos a clase". Créalo o no, son palabras de ministros de la Suprema Corte, que Góngora y Azuela ya han presidido, y éste último, además, recibirá durante 2007 más de 1 millón 300 mil pesos como bono adicional, sólo por ser el ministro más viejo del Tribunal.
Nunca se mencionaron, entre otras cosas, la diferencia sustancial que existe entre un portador del virus VIH y un enfermo de SIDA, o las causas reales de contagio. Bajo argumentos tan absurdos, debería entonces también ser despedido de cualquier oficio, todo aquel infectado con VIH, ya sea obrero, banquero, médico, albañil, mesero, abogado, juez…al fin y al cabo, ¡todos son una amenaza potencial!
Hace poco se registró en Estados Unidos un nuevo caso de eutanasia con una mujer de Florida, cuyo ex-marido ganó un pleito en la Corte para que fuera desconectada, tras más de 4 años sin poderse parar de la cama por terribles degeneraciones musculares. Al respecto, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes comentó que “la eutanasia es un homicidio, debe ser castigado…no creo que sea válido que otra persona decida sobre la muerte de uno...sería tanto como avalar la pena de muerte”.
El hecho de que una persona, por decisión manifiesta o mediante un tercero decida voluntariamente su muerte, es totalmente discutible; sin embargo, Soberanes compara así, a la ligera, a un desvalido terminal con una víctima, y a un médico especialista, con un homicida, cortando de tajo el objetivo real que la eutanasia pretende consumar y minimizando su relevancia.
Por otra parte, en México se estiman de 200 mil a 1 millón de abortos clandestinos practicados anualmente. Un 10% de las mujeres muere.
En el Distrito Federal, encuestas recientes muestran que un promedio de 65% de los capitalinos opinan que el aborto únicamente compete al fuero íntimo de la mujer. En todo el país, la tasa de aceptación del aborto se ha multiplicado en dos años, de 19% en 2005, a 32% en 2007, y todos los métodos anticonceptivos cuentan con una aceptación mayor al 60%.
Sin embargo, las discusiones de líderes de grupos conservadores se han centrado en defender la vida, sin siquiera haberla definido como concepto, ni mucho menos apoyar campañas de prevención sexual. Más aún, si de cuestiones morales y éticas se trata, la iglesia tendría que explicar cómo es que tolera la pederastia entre sus sacerdotes, antes que violentar el legítimo derecho de las mujeres a decidir si son madres o no. Y el PRD, que pretende aprobar en días próximos esta reforma, ha cometido el error de limitar el diálogo a algunos sectores sociales y de amenazar la aprobación del aborto con un simple mayoriteo en la Asamblea.
Para tratar temas tan ríspidos, se deben definir con precisión los conceptos que cada grupo social pretende defender, y abrir siempre las puertas al diálogo, a la información y a la experiencia mundial, pues sólo a través de información veraz y científica se podrán vislumbrar veredictos responsables. Lo demás, es fanatismo, superstición o ignorancia.
Los últimos temas que se han presentado, concernientes a la discriminación de militares infectados con VIH, a la eutanasia o el aborto, así lo demuestran.
El artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), en sus incisos 82 y 83, autoriza al Ejército a dar automáticamente de baja a los elementos infectados con VIH, por considerar que son “inútiles” para el servicio militar, privando además de atención médica, medicinas y pensión a quienes no cuenten con 20 años de antigüedad. Aún con la notoria violación a los derechos humanos que la citada ley refiere, mantuvo prácticamente en empate técnico el fallo final de la Suprema Corte por semanas, hasta que la presión de diversos sectores (internacionales y nacionales gubernamentales) obligó a declararla como inconstitucional. No obstante, la ignorancia y hasta la superstición privó en cada uno de los argumentos presentados por algunos ministros; argumentos que en el mundo se han superado hace mucho tiempo.
Para muestra, la declaración del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien señaló si podía "asegurarse que el militar infectado del VIH no tendrá nunca, nunca, una herida sangrante que pueda entrar en contacto con otra de otro individuo". Y añadió: "No, no existe esa garantía; por tanto, no se trata de que el militar se encuentre o no inutilizado, sino que debe protegerse en aras del interés público”. El ministro Sergio Aguirre, en concordancia con lo señalado por Góngora, añadió que, en el infectado, "sí hay una incapacidad castrense" y no se viola, por ende, la Constitución. Por último, el ministro Mariano Azuela mencionó que a los contagiados "hay que regresarlos a sus casas, como se hace con los niños que llegan enfermos a clase". Créalo o no, son palabras de ministros de la Suprema Corte, que Góngora y Azuela ya han presidido, y éste último, además, recibirá durante 2007 más de 1 millón 300 mil pesos como bono adicional, sólo por ser el ministro más viejo del Tribunal.
Nunca se mencionaron, entre otras cosas, la diferencia sustancial que existe entre un portador del virus VIH y un enfermo de SIDA, o las causas reales de contagio. Bajo argumentos tan absurdos, debería entonces también ser despedido de cualquier oficio, todo aquel infectado con VIH, ya sea obrero, banquero, médico, albañil, mesero, abogado, juez…al fin y al cabo, ¡todos son una amenaza potencial!
Hace poco se registró en Estados Unidos un nuevo caso de eutanasia con una mujer de Florida, cuyo ex-marido ganó un pleito en la Corte para que fuera desconectada, tras más de 4 años sin poderse parar de la cama por terribles degeneraciones musculares. Al respecto, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes comentó que “la eutanasia es un homicidio, debe ser castigado…no creo que sea válido que otra persona decida sobre la muerte de uno...sería tanto como avalar la pena de muerte”.
El hecho de que una persona, por decisión manifiesta o mediante un tercero decida voluntariamente su muerte, es totalmente discutible; sin embargo, Soberanes compara así, a la ligera, a un desvalido terminal con una víctima, y a un médico especialista, con un homicida, cortando de tajo el objetivo real que la eutanasia pretende consumar y minimizando su relevancia.
Por otra parte, en México se estiman de 200 mil a 1 millón de abortos clandestinos practicados anualmente. Un 10% de las mujeres muere.
En el Distrito Federal, encuestas recientes muestran que un promedio de 65% de los capitalinos opinan que el aborto únicamente compete al fuero íntimo de la mujer. En todo el país, la tasa de aceptación del aborto se ha multiplicado en dos años, de 19% en 2005, a 32% en 2007, y todos los métodos anticonceptivos cuentan con una aceptación mayor al 60%.
Sin embargo, las discusiones de líderes de grupos conservadores se han centrado en defender la vida, sin siquiera haberla definido como concepto, ni mucho menos apoyar campañas de prevención sexual. Más aún, si de cuestiones morales y éticas se trata, la iglesia tendría que explicar cómo es que tolera la pederastia entre sus sacerdotes, antes que violentar el legítimo derecho de las mujeres a decidir si son madres o no. Y el PRD, que pretende aprobar en días próximos esta reforma, ha cometido el error de limitar el diálogo a algunos sectores sociales y de amenazar la aprobación del aborto con un simple mayoriteo en la Asamblea.
Para tratar temas tan ríspidos, se deben definir con precisión los conceptos que cada grupo social pretende defender, y abrir siempre las puertas al diálogo, a la información y a la experiencia mundial, pues sólo a través de información veraz y científica se podrán vislumbrar veredictos responsables. Lo demás, es fanatismo, superstición o ignorancia.
1 comentario:
En consonancia con esta entrada hace unos días leía la opinión de un destacado analista de El Universal, el Dr. Mauricio Merino. Al respecto hablaba de las deidades y demonios que las diferentes posturas ideológicas traen consigo.
Él hablaba de dos casos en particular para diferenciar claramente la izquierda de la derecha. Para la primera ponía el caso de la nueva ley del ISSSTE apoyada por la derecha principalmente, teniendo como detractores a la izquierda entendida como el PRD. Afirmaba que la negativa de éste hacia la reforma estaba en función de otorgar el manejo de pensiones al sistema bancario, lo cual era motivo de favorecer a este grupo rapaz incapaz de velar por el interés social.
Por otro lado, en el tema del aborto, los detractores eran los grupos de derecha aduciendo la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a la vida por sobre cualquier cosa, incluyendo el acceso a la salud y a un problema que trasciende la esfera moral y se coloca como un verdadero problema público.
El punto a resaltar aquí es la incapacidad de los diferentes espectros ideológicos para negociar y encontrar acuerdos en temas controversiales a su identidad. Buscan encontrar respuesta tan solo en la superficie sin indagar o buscar medidas compensatorias a las reformas que su contraparte ideológica apoya.
Por poner tan solo un ejemplo, si bien el PRD está en contra de que los banqueros administren el fondo de pensión de los burócratas de ISSSTE habría que empezar por preguntarse ¿por qué no los banqueros? ¿qué tienen de malo? una vez respondidas estas preguntas deberían plantearse o negociar reformas que garanticen el bienestar de los fondos y de la gente en general que tiene acceso a servicios de la banca. No puede ser que México sea uno de los países con esquemas de comisiones tan ventajoso para los banqueros en detrimento del usuario común. Luego entonces, el problema no son los banqueros, sino la forma en que estos administran los bancos. Una reforma compensatoria iría en ese sentido, buscando crear mecanismos que brindaran al usuario común los beneficios que actualmente no tiene.
Para el caso del aborto sucede exactamente lo mismo. Nadie puede negar que los abortos clandestinos son un problema de salud pública. No tiene sentido hacerse de la vista gorda ante esta realidad aduciendo designios morales o en el peor de los casos divinos. Lo que se debe hacer es implementar reformas y medidas paralelas que fomenten el uso de anticonceptivos a través de educación sexual que prevenga el verse en una situación de embarazo no deseado y ante la posibilidad de abortar, porque para abortar primero se necesita estar embarazada, y para que esto ocurra muy probablemente existe desinformación en materia sexual.
Todos estos hechos denotan la incapacidad e los políticos de trascender sus propios prejuicios y fanatismos como bien dice Tona. La incapacidad de trascender sus propias barreras ppara promover soluciones alternativas.
El contrapeso entre las fuerzas políticas no debe ejercerse con obstinación y total rechazo, los absolutos merman el espíritu democrático y su capacidad de crear mejores espacio y decisones con impacto en lo público. Las negociaciones y los "desacuerdos" deben expresarse en una forma compensatorio que no bloquee, pero que cree medidas alternativas que atemperen el efecto de lo implementado.
Saludos.
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