La histórica imposición del poder y la política como principal y único interés constituye uno de los capítulos más hirientes de la realidad nacional. Oaxaca es el estandarte, y -como siempre- a nadie parece importarle.
En 1976, un sector importante de los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se manifestó en contra de la gestión oscurantista de la institución, que manejaba a su antojo el gobernador Manuel Zárate Aquino, un personaje poco carismático que desde el inicio rompió con los ex gobernadores del estado, y fanático de la línea férrea que encabezaron Díaz Ordaz y Echeverría.
Poco tiempo después, el movimiento estudiantil impuso a su propio rector y el conflicto, aunado al gran descontento campesino y obrero por el autoritarismo de Zárate Aquino, se fue propagando por todo el estado. Ante ello, el gobierno local obvió el diálogo y nombró un rector oficial, lo que originó una dualidad de funciones y trajo como única consecuencia la radicalización y extensión de la lucha a la esfera nacional, que involucró universidades de otros estados, mítines en el Distrito Federal, huelgas de trabajadores y paros laborales.
Apenas en los primeros meses de José López Portillo como Presidente, los incesantes brotes de inconformidad en Oaxaca cobraron las primeras víctimas: en febrero de 1977 una manifestación fue reprimida en Juchitán, donde varios campesinos fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a orilla de la carretera. En San Juan Lalana, la policía estatal asesinó a campesinos que protestaban la detención arbitraria de personas del pueblo.
Ante lo grave de la situación, una Comisión legislativa y un enviado presidencial acudieron a Oaxaca para valorar la gobernabilidad. Mientras estudiaban el caso, una manifestación estudiantil fue reprimida en el centro, dejando dos muertos. Fue hasta entonces cuando, a través del Secretario de Gobernación Reyes Heroles, el Ejército sitió la ciudad. En marzo, el gobernador y los dos rectores que se disputaban el cargo fueron obligados a dimitir.
El conflicto de los setentas en Oaxaca pareciera una copia fotostática de lo que ocurre treinta años después: Ulises Ruiz llegó al gobierno precedido por el resquebrajamiento del priísmo en Oaxaca -con los ex gobernadores Diódoro Carrasco en el PAN, y Jesús Martínez en Convergencia- que afectó la red clientelar. Posteriormente, pésimas decisiones políticas se tradujeron en brotes de inconformidad que alcanzaron su clímax en 2005, cuando -queriendo Ruiz cumplir su promesa de campaña de restringir las manifestaciones en el centro de la ciudad- la policía desalojó violentamente a los maestros que anualmente marchan en busca de mejoras salariales. Ante estas acciones, a la lucha del magisterio se unió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -integrada por varios miembros del movimiento estudiantil de los setentas-, lo que radicalizó las posturas y extendió su presencia a todo el país.
Como sucedió con Zárate Aquino, a Ulises Ruiz se le escapó la gobernabilidad en poco tiempo. Producto de años de rezago y administraciones truhanes, Oaxaca es la tercera entidad de mayor marginación de todo el país, que implica una de las tasas más altas de analfabetismo, mortalidad adulta e infantil, así como que la mayoría de su población habita viviendas con algún nivel de hacinamiento. De la misma manera, posee el PIB per cápita más bajo de México -una sexta parte del de los capitalinos- lo que ha generado que 400 mil oaxaqueños emigren hacia Estados Unidos anualmente. Finalmente, es el estado más atrasado en educación: es el único lugar del país donde no se aplican pruebas internacionales de conocimientos para los alumnos ni existe un estándar en cuanto al desempeño magisterial; las escuelas están deterioradas, quedan a kilómetros de distancia y no incluyen programas suficientes para educar a los más de 1 millón 100 mil indígenas que habitan ahí.
Estas 3 condiciones de pobreza -de calidad de vida, económica y educativa-, más el desgaste en el clientelismo y corporativismo han trastornado el tejido social, y convierten a Oaxaca -según expertos- en un estado con peligro real de cocinar una guerrilla en el futuro inmediato.
Por eso se debía de ir Ulises Ruiz. No porque la Sección 22 o la APPO -con su inexistente oferta de mejora a la educación- así lo demandaran, sino porque su gobierno obvió la complejidad social del estado que administra; porque denostó la política y prefirió la añeja represión; porque ignoró e insultó la composición de poderes de los grupos de choque y condenó la gobernabilidad; y porque su legitimidad está sustentada en argumentos políticos, no populares.
Pero nada de eso importa. Tampoco importará el reporte de Amnistía Internacional (que se declaró escandalizada por las torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza), ni lo que venga. Alguien le dijo a Felipe Calderón que si cae Ulises Ruiz el siguiente es él, y eso basta para preservarlo. Por eso, a pesar de que el tejido social está destruido, la legitimidad del gobierno sea nula y la gobernabilidad simplemente inviable, se llevó a cabo la Guelaguetza, como un símbolo más de que todo está bien, de que no pasa nada. Total, para otra insurrección faltan muchos años.
En 1976, un sector importante de los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se manifestó en contra de la gestión oscurantista de la institución, que manejaba a su antojo el gobernador Manuel Zárate Aquino, un personaje poco carismático que desde el inicio rompió con los ex gobernadores del estado, y fanático de la línea férrea que encabezaron Díaz Ordaz y Echeverría.
Poco tiempo después, el movimiento estudiantil impuso a su propio rector y el conflicto, aunado al gran descontento campesino y obrero por el autoritarismo de Zárate Aquino, se fue propagando por todo el estado. Ante ello, el gobierno local obvió el diálogo y nombró un rector oficial, lo que originó una dualidad de funciones y trajo como única consecuencia la radicalización y extensión de la lucha a la esfera nacional, que involucró universidades de otros estados, mítines en el Distrito Federal, huelgas de trabajadores y paros laborales.
Apenas en los primeros meses de José López Portillo como Presidente, los incesantes brotes de inconformidad en Oaxaca cobraron las primeras víctimas: en febrero de 1977 una manifestación fue reprimida en Juchitán, donde varios campesinos fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a orilla de la carretera. En San Juan Lalana, la policía estatal asesinó a campesinos que protestaban la detención arbitraria de personas del pueblo.
Ante lo grave de la situación, una Comisión legislativa y un enviado presidencial acudieron a Oaxaca para valorar la gobernabilidad. Mientras estudiaban el caso, una manifestación estudiantil fue reprimida en el centro, dejando dos muertos. Fue hasta entonces cuando, a través del Secretario de Gobernación Reyes Heroles, el Ejército sitió la ciudad. En marzo, el gobernador y los dos rectores que se disputaban el cargo fueron obligados a dimitir.
El conflicto de los setentas en Oaxaca pareciera una copia fotostática de lo que ocurre treinta años después: Ulises Ruiz llegó al gobierno precedido por el resquebrajamiento del priísmo en Oaxaca -con los ex gobernadores Diódoro Carrasco en el PAN, y Jesús Martínez en Convergencia- que afectó la red clientelar. Posteriormente, pésimas decisiones políticas se tradujeron en brotes de inconformidad que alcanzaron su clímax en 2005, cuando -queriendo Ruiz cumplir su promesa de campaña de restringir las manifestaciones en el centro de la ciudad- la policía desalojó violentamente a los maestros que anualmente marchan en busca de mejoras salariales. Ante estas acciones, a la lucha del magisterio se unió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -integrada por varios miembros del movimiento estudiantil de los setentas-, lo que radicalizó las posturas y extendió su presencia a todo el país.
Como sucedió con Zárate Aquino, a Ulises Ruiz se le escapó la gobernabilidad en poco tiempo. Producto de años de rezago y administraciones truhanes, Oaxaca es la tercera entidad de mayor marginación de todo el país, que implica una de las tasas más altas de analfabetismo, mortalidad adulta e infantil, así como que la mayoría de su población habita viviendas con algún nivel de hacinamiento. De la misma manera, posee el PIB per cápita más bajo de México -una sexta parte del de los capitalinos- lo que ha generado que 400 mil oaxaqueños emigren hacia Estados Unidos anualmente. Finalmente, es el estado más atrasado en educación: es el único lugar del país donde no se aplican pruebas internacionales de conocimientos para los alumnos ni existe un estándar en cuanto al desempeño magisterial; las escuelas están deterioradas, quedan a kilómetros de distancia y no incluyen programas suficientes para educar a los más de 1 millón 100 mil indígenas que habitan ahí.
Estas 3 condiciones de pobreza -de calidad de vida, económica y educativa-, más el desgaste en el clientelismo y corporativismo han trastornado el tejido social, y convierten a Oaxaca -según expertos- en un estado con peligro real de cocinar una guerrilla en el futuro inmediato.
Por eso se debía de ir Ulises Ruiz. No porque la Sección 22 o la APPO -con su inexistente oferta de mejora a la educación- así lo demandaran, sino porque su gobierno obvió la complejidad social del estado que administra; porque denostó la política y prefirió la añeja represión; porque ignoró e insultó la composición de poderes de los grupos de choque y condenó la gobernabilidad; y porque su legitimidad está sustentada en argumentos políticos, no populares.
Pero nada de eso importa. Tampoco importará el reporte de Amnistía Internacional (que se declaró escandalizada por las torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza), ni lo que venga. Alguien le dijo a Felipe Calderón que si cae Ulises Ruiz el siguiente es él, y eso basta para preservarlo. Por eso, a pesar de que el tejido social está destruido, la legitimidad del gobierno sea nula y la gobernabilidad simplemente inviable, se llevó a cabo la Guelaguetza, como un símbolo más de que todo está bien, de que no pasa nada. Total, para otra insurrección faltan muchos años.
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