Las elecciones en México han transitado por todo tipo de caminos. De simples trámites empleados por el régimen como medio de legitimación durante las décadas de hegemonía priísta, a la alta confiabilidad en los resultados con el triunfo de Fox; de la práctica grotesca y el envilecimiento en el conteo de votos, a la ciudadanización paulatina en los procesos que dotaron de un amplio respaldo social los resultados. Hoy en día, sin embargo, el proceso electoral todo sufre nuevos cuestionamientos importantes, que no se previeron, ni se esperaron.
Las dudas suscitadas representan un alto grado de complejidad, dado que, para la elección presidencial pasada, exhibieron todo tipo de competencias: prácticas políticas sucias, pobre y parcial actuación de los consejeros electorales (especialmente del consejero presidente), carencia de mayores facultades legales del Instituto Federal Electoral, injerencia descarada del Poder Ejecutivo, aplicación legaloide del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), inactividad inexplicable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inyecciones groseras y arbitrarias de dinero por parte de cúpulas empresariales, presencia obstruccionista de los medios de comunicación, y un tibio fallo final por parte de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
Que el IFE tenga complejísimos programas de conteo rápido, respaldados por la participación directa de la ciudadanía en el proceso, hoy no es garantía suficiente de que no existirán fraudes electorales. Los partidos y actores políticos, entienden que resulta casi imposible llevar a cabo alguno de los tristemente tradicionales métodos (mapacheo, robo o embarazo de urnas, caídas de sistema, etc.). Por eso, han decidido llevar el fraude un paso anterior al día de la elección. Ahí, donde está probado que el electorado mexicano está mediatizado y sujeto a consignas televisivas; donde se utilizan los recursos partidistas y sus estructuras gubernamentales para condicionar el voto a sus trabajadores; donde abiertamente se puede rebasar el tope financiero de las campañas sin mayores consecuencias que una multa (a Fox le costó 500 millones ser Presidente). Ahí, donde los mecanismos legales son endebles.
Trabajadores y mandos medios de diversas dependencias estatales y federales, o de sectores empresariales, denunciaron todo tipo de amenazas y condicionamientos al voto por parte de sus superiores. En otras partes, continuó el regalo de mercancías a cambio de la credencial de elector. La FEPADE nunca llevó a cabo ninguna sanción relevante.
Una parte importante de la cúpula empresarial desarrolló un papel funesto, financiando ataques millonarios a la persona del candidato presidencial del PRD, sin importar la crispación en la gente, que es quien compra sus productos. De la misma manera, fueron contados más de 300 ataques verbales del Presidente de la República a la figura del candidato izquierdista desde el 2002. Uno cada cinco días. El poder se convirtió en un fin y en un medio. El fallo del TRIFE al respecto, fue de risa. Dijeron, en términos futbolísticos, que el delantero que iba a meter el gol recibió varias faltas dentro del área hasta que fue derribado a los ojos de todo el estadio. Pero no marcaron ni siquiera penalty.
El IFE, otrora destacado árbitro por su imparcialidad, vivió un retroceso en la figura de sus actuales consejeros. Desde su integración, el Consejo Electoral se caracterizó por la exclusión. Dos partidos colocaron a modo a su gente; y Elba Esther Gordillo colocó, a su favor, al Consejero Presidente. La tibia actuación de Luis Carlos Ugalde ante la enorme radicalización de la propaganda, fue rápidamente encubierta por la falta de atribuciones legales del IFE para perseguir y castigar los abusos. Más aún, la tremenda torpeza política en el manejo de los sistemas de conteo del Instituto, indignaron a la población y fueron caldo de cultivo para quienes exclamaban fraude. Resulta simplemente imposible creer que el PREP haya corrido de una manera (otorgando la ventaja a Calderón, que no perdió un solo minuto del conteo), y que el conteo final de actas haya corrido de una manera diametralmente opuesta (con AMLO a la ventaja, que perdió hacia el final de manera súbita). Finalmente, las autoridades agarraron el COFIPE, y haciendo gala de su gran apego a derecho -y su carencia total de sentido común- denegaron algo que parecía simplemente sensato por lo cerrado de la elección: un recuento total de los votos. No por nada hoy el 47% de los mexicanos no cree en el IFE, y la suerte de sus consejeros electorales debiera estar echada desde hace tiempo.
En el nuevo acuerdo político deberá existir un apartado importante a las reformas del IFE. Que se reduzcan los topes de campaña y que existan nuevas atribuciones para el Instituto en vigilar la forma en que se gastan; que existan mecanismos reales de anulación de las elecciones cuando se rebasen los topes o cuando existan injerencias externas a favor de un candidato; que se sancione a sectores públicos o privados que condicionen el voto; que se establezcan medidas incluyentes en la designación de los consejeros; ó que se implementen disposiciones específicas para que las campañas se centren en propuestas y objetivos, no en ataques personales; son algunas de las características deseables que debieran considerarse. Sin embargo, no debemos esperar demasiado. La lucha por el poder en México es feroz. Los perdedores claman por cabezas y sangre, y los ganadores, callan y ocultan. ð
Las dudas suscitadas representan un alto grado de complejidad, dado que, para la elección presidencial pasada, exhibieron todo tipo de competencias: prácticas políticas sucias, pobre y parcial actuación de los consejeros electorales (especialmente del consejero presidente), carencia de mayores facultades legales del Instituto Federal Electoral, injerencia descarada del Poder Ejecutivo, aplicación legaloide del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), inactividad inexplicable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inyecciones groseras y arbitrarias de dinero por parte de cúpulas empresariales, presencia obstruccionista de los medios de comunicación, y un tibio fallo final por parte de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
Que el IFE tenga complejísimos programas de conteo rápido, respaldados por la participación directa de la ciudadanía en el proceso, hoy no es garantía suficiente de que no existirán fraudes electorales. Los partidos y actores políticos, entienden que resulta casi imposible llevar a cabo alguno de los tristemente tradicionales métodos (mapacheo, robo o embarazo de urnas, caídas de sistema, etc.). Por eso, han decidido llevar el fraude un paso anterior al día de la elección. Ahí, donde está probado que el electorado mexicano está mediatizado y sujeto a consignas televisivas; donde se utilizan los recursos partidistas y sus estructuras gubernamentales para condicionar el voto a sus trabajadores; donde abiertamente se puede rebasar el tope financiero de las campañas sin mayores consecuencias que una multa (a Fox le costó 500 millones ser Presidente). Ahí, donde los mecanismos legales son endebles.
Trabajadores y mandos medios de diversas dependencias estatales y federales, o de sectores empresariales, denunciaron todo tipo de amenazas y condicionamientos al voto por parte de sus superiores. En otras partes, continuó el regalo de mercancías a cambio de la credencial de elector. La FEPADE nunca llevó a cabo ninguna sanción relevante.
Una parte importante de la cúpula empresarial desarrolló un papel funesto, financiando ataques millonarios a la persona del candidato presidencial del PRD, sin importar la crispación en la gente, que es quien compra sus productos. De la misma manera, fueron contados más de 300 ataques verbales del Presidente de la República a la figura del candidato izquierdista desde el 2002. Uno cada cinco días. El poder se convirtió en un fin y en un medio. El fallo del TRIFE al respecto, fue de risa. Dijeron, en términos futbolísticos, que el delantero que iba a meter el gol recibió varias faltas dentro del área hasta que fue derribado a los ojos de todo el estadio. Pero no marcaron ni siquiera penalty.
El IFE, otrora destacado árbitro por su imparcialidad, vivió un retroceso en la figura de sus actuales consejeros. Desde su integración, el Consejo Electoral se caracterizó por la exclusión. Dos partidos colocaron a modo a su gente; y Elba Esther Gordillo colocó, a su favor, al Consejero Presidente. La tibia actuación de Luis Carlos Ugalde ante la enorme radicalización de la propaganda, fue rápidamente encubierta por la falta de atribuciones legales del IFE para perseguir y castigar los abusos. Más aún, la tremenda torpeza política en el manejo de los sistemas de conteo del Instituto, indignaron a la población y fueron caldo de cultivo para quienes exclamaban fraude. Resulta simplemente imposible creer que el PREP haya corrido de una manera (otorgando la ventaja a Calderón, que no perdió un solo minuto del conteo), y que el conteo final de actas haya corrido de una manera diametralmente opuesta (con AMLO a la ventaja, que perdió hacia el final de manera súbita). Finalmente, las autoridades agarraron el COFIPE, y haciendo gala de su gran apego a derecho -y su carencia total de sentido común- denegaron algo que parecía simplemente sensato por lo cerrado de la elección: un recuento total de los votos. No por nada hoy el 47% de los mexicanos no cree en el IFE, y la suerte de sus consejeros electorales debiera estar echada desde hace tiempo.
En el nuevo acuerdo político deberá existir un apartado importante a las reformas del IFE. Que se reduzcan los topes de campaña y que existan nuevas atribuciones para el Instituto en vigilar la forma en que se gastan; que existan mecanismos reales de anulación de las elecciones cuando se rebasen los topes o cuando existan injerencias externas a favor de un candidato; que se sancione a sectores públicos o privados que condicionen el voto; que se establezcan medidas incluyentes en la designación de los consejeros; ó que se implementen disposiciones específicas para que las campañas se centren en propuestas y objetivos, no en ataques personales; son algunas de las características deseables que debieran considerarse. Sin embargo, no debemos esperar demasiado. La lucha por el poder en México es feroz. Los perdedores claman por cabezas y sangre, y los ganadores, callan y ocultan. ð
1 comentario:
Quizá una de las cosas rescatables del proceso que vivimos fue precisamente la manera tan cruda en que fueron evidenciadas las carencias institucionales de los actores políticos.
Porque finalmente es el IFE que organizó estas elecciones es el mismo que hizo una labor formidable en el 2000. Con las mismas facultades legales que el actual y como se dice por ahí "sin dientes" para hacer cumplir la ley electoral.
Sin embargo, el año pasado, a pesar de ser la misma institución hubo una renovación de actores. En la presidencia no estuvo Zedillo (que a mi gusto supo leer perfectamente la trascendencia de la votación del 2 de julio del 2000) sino Fox con todas sus limitantes (intelectuales, culturales, etc.) que no le permitieron comprender su papel histórico como primer presidente emanado de un partido de oposición. Los candidatos por su parte, un López que en nada se asemeja al papel del Ing. Cárdenas del 2000 y finalmente un consejo del IFE electo, como bien dices, de una manera muy cuestionable.
El resultado fue, una elección que no dejó satisfecho a nadie (salvo a los panistas por obvias razones) pero que sí deja un saldo "positivo" en tanto que quedaron evidenciadas las fallas y vacíos legales que tan puntualmente señalase. Que siempre estuvieron ahí pero nunca había sido tan evidentes.
La crisis desatada a partir del proceso es el mejor acicate para fomentar una serie de reformas en materia electoral que no permitan que vuelva a suceder. Tristemente en México las cosas primero tienen que echarse a perder antes de pensar en solucionarlas. Pero dada nuestra naturaleza poco previsoria del mexicano común (y corriente en caso de los políticos) pues he ahí el resultado.
Sin embargo, también la misma crisis propiciada es la misma que puede funcionar como catalizador no solo de reformas electoras sino también de otras de carácter de régimen y andamiaje institucional que permitan de una vez por todas dar mayor certeza en el conducir del Estado Mexicano.
Luego entonces, si bien perdió López, un proyecto que me parecía viable en términos de la reasignación de prioridades, también veo un momento óptimo para la creación y desarrollo de reformas que permitan no solo que esto no vuelva a ocurrir, sino que eviten una serie de desgracias nacionales que, de continuar así, no tardarán en hacer mella en nuestro ya de por sí maltrecho país.
Saludos.
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