La Urgencia de una Reforma Fiscal.

La importancia de una reforma fiscal integral es innegable y la necesidad de que salga en los primeros tres años de gobierno del presidente Calderón resulta indispensable para la viabilidad del Estado Mexicano.

Como es por todos sabido, todos los gobiernos tienen la necesidad de hacerse de recursos para solventar las necesidades de sus ciudadanos. Todos los servicios que un Estado pueda otorgar, dependerá enormemente de la capacidad que éste tenga para hacerse de recursos que hagan posible la función para la cual fue instituido: brindar seguridad (entendida en su más amplio concepto) a sus integrantes. Una de las fuentes de mayores ingresos para el gobierno es la recaudación fiscal.

En México no es una novedad el tema de la reforma fiscal. Lo imperativo del tema puede ser entendido desde 2 puntos fundamentales:

• La inminente reducción de nuestras reservas petroleras.


• El bono demográfico proyectado a los próximos 30 años.

Sobre el primer punto es importante señalar que si bien la economía mexicana no depende del petróleo sino de otras industrias. Quien sí depende enteramente de los ingresos provenientes de éste es el gasto del gobierno. Actualmente Petróleos Mexicanos es la principal fuente de ingreso del gobierno mexicano para llevar a cabo sus funciones, lo anterior ante el deficiente sistema tributario que sólo da para recaudar aproximadamente 11 puntos del Producto Interno Bruto según datos del Banco Mundial, lo cual es una cifra por demás alarmante si comparamos la media de recaudación de los países que integran la OCDE que se ubica alrededor del 40%, y en el caso de otros países latinoamericanos con un similar nivel de desarrollo que el nuestro encontramos cifras cercanas al 30%.

Como es evidente, el nivel de ingreso del Estado debe ser cubierto de algún otro lado para dar satisfacción a las obligaciones mínimas de éste. El origen de estos recursos es Pemex, cuyo régimen fiscal dota al gobierno de los recursos que no puede recaudar a través de su sistema físcal caracterizado por las exenciones y la escasa base contribuyente. La base fiscal por la que opera Petroleos Mexicanos lo deja sin la posibilidad de invertir en tecnología y exploración. Las instalaciones petroleras se encuentran con niveles de desgaste importantes y en muchos casos obsoletas sin la posibilidad de adquirir nuevas.

La falta de inversión en la paraestatal priva de la posibilidad de dar valor agregado a los productos petroquímicos que se exportan. Limitando su valor comercial y tecnológico teniéndo que conformarnos con la venta de crudo y otros básicos. Una liberalización de la carga fiscal a la dependencia la dotaría de la capacidad no solo de renovar las instalciones, sino en la posibilidad de crear nuevas, que incrementen la capacidad productiva y den mayor valor agregado tal es caso de las gasolinas y otros combustibles. México exporta crudo e importa gasolina ante la incapacidad estructural de producirla. Por otro lado el país tiene reservas probadas para 15 años por lo que resulta importante invertir en tecnología para extraer a mayor profundidad y explorar otras posibilidades, incluidas el gas natural que valientemente dejamos escapar a la atmosfera ante la imposibilidad de contar con las herramientas para aprovecharlo.

Más allá de la problemática de Pemex, lo trascendente es ver el origen de la misma que tiene su origen en las deficiencias del sistema fiscal mexicano. Ante la finitud del recurso, resulta indispensable la adoptación de cartas en el asunto.

En el segundo punto, vinculado a lo que los especialístias llaman "bono demográfico", que esencialmente es cuando una sociedad cuenta con un "bono" de población productiva. Las condiciones demográficas del país indican que en los próximos 15 años, la mayor parte de la población estará en edad productiva.

Este hecho plantea dos problemas en el mediano y largo y plazo. En primer lugar, existe la obligación del gobierno para dar empleos y servicios a toda la fuerza laboral mexicana, pero empleos de calidad. Al incrementar la inversión se incentiva el crecimiento de la economía primer paso para el desarrollo. Sin embago, la inversión necesita reformas importantes en los rubros de seguridad, hacienda y competitividad. Gran parte de la pugna y las desventajas a los que se enfrenta México es la falta de certidumbre jurídica para la inversión, la falta de incentivos para la creación de empresas y los cientos de caminos "alternativos" para evitar el pago de impuestos. La falta de corporaciones y argumentos legales para restringir la proliferación de mafias relacionadas al contrabando, la piratería, la falsifiación y adulteración de productos. En este sentido resulta un reto importante para los responsables, siendo el Congreso un actor fundamental.

En segundo lugar, ubicado en el largo plazo, la misma población que será mayoría en los próximos 15 años, en 50 habrá concluido su edad productiva y se encontrarán en una necesidad de contar con servicios adecuados a la etapa de la vida que se encontraran; esto incluye pensiones, servicios de salud especializados, entretenimiento y políticas públicas que atiendan las necesidades especiales de esta gente.

De seguir por el actual camino entraríamos (si es que no estamos ya entrando) en una crisis con potencial de desestabilidad social. El equilibrio de estabilidad y paz que impera en México, pende de la posibilidad de crear los mecanismos que fomenten el crecimiento en las áreas antes mencionadas.

El primer paso debe ser la aprobación de una Reforma Fiscal capaz de otorgar mayores recursos al gobierno para hacer frente a las problemáticas mencionadas. Sin embargo, nos encontramos en este punto con diferentes posturas que enarbolarn las distintas fuerzas políticas. Lo que es una realidad es que no es sano y resulta un parche proponer cualquier reforma que castigue más a los pocos contribuyentes cumplidos y clase media, mientras que la mayoría del país vive en la evasión o inexistencia fiscal. También resulta importante recalcar que el sistema tributario del país es mantenido por las personas físicas, en una relación casi de 2 a 3 respecto a las morales. Es decir, los empresarios, a través de los mecanismos legales que fomentan la evasión evaden su responsabilidad. En cualquier país fiscalmente sano, las empresas, o aquellas personas que más recursos generan son los que más pagan y sostienen el sistema tributario. En México, en otro claro ejemplo de atraso (o retraso), se hacen las cosas al revés y se permiten este tipo de desigualdades.

Una reforma fiscal sana debería tomar claramente estos elementos e implentarlos de forma gradual, es decir, proyectar su ejecución completa en los próximos 6 o 10 años por ejemplo. Reduciendo el impacto, pero sentando las bases para incrementar gradualmente los recursos. Tampoco es sana una reforma que busque erradicar todo de raíz sin los procesos complementarios y las adecuaciones colaterales pertienentes.

De lograrse una reforma en el presente año se estarán sentando las bases para dar salida productiva al bono demográfico, incrementar los ingresos de Pemex y en suma incrementar de manera sustantivo los recursos del Estado para el correcto ejercicio de sus funciones.

El bono demografíco podría ser capitalizado con producción y crecimiento económico acelerado por arriba de 6% al año, lo cual es una cifra por demás importante y este país sería otro en 50 años, superando en PIB a economías como Italia, Suecia, Corea y pugnando por un un tamaño de nuestra economía capaz de ubicarnos entre las primeras 8 economías del mundo.

De no aprobasarse y postergar una vez más, esta decisión tan importante, sería igualmente catostrófico, condenandonos al subdesarrollo ineludible para el próximo siglo, dejando escapar una oportunidad demográfica histórica.

No aprobar una buena reforma, implica dejar sin posibilidad profesional a millones de mexicanos.

No aprobar una buena reforma, significa privar a millones de mexicanos a la posibilidad de mejorar su condición social-económica.

No aprobar una buena reforma, significa tener la incapacidad de atender las necesidades de la población, acrecentar el desabasto de servicios y el incremento de la inseguridad y desigualdad.

No aprobar una reforma, significa ponerse al borde de una crisis social en el país sin precedentes, solo equiparable a la época de la Revolución y la de buena parte del siglo XIX.

No aprobar una buena reforma, significa renunciar al Futuro.